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EL GOBIERNO COMPROMETE LA SEGURIDAD DEL ESTADO.

Interior revela a Bildu los expedientes disciplinarios de policías y guardias civiles en el estado de alarma.

Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi.

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El Gobierno ha revelado a través de una pregunta por escrito de Bildu en el Congreso de los Diputados el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido expedientados y sancionados durante el estado de alarma.

El Ejecutivo, en una respuesta detallada, explica que en la Guardia Civil, desde el 14 de marzo, «consta la instrucción de 70 expedientes disciplinarios (7 por falta muy grave, 31 por falta grave y 32 por falta leve), significándose que todos son por conductas o hechos acaecidos antes de la implantación del estado de alarma, concluyéndose los mismos durante dicho periodo, habiendo sido sancionados 41 agentes«.

 

Además, destaca que «se tiene conocimiento de que, aparte de los expedientes anteriormente señalados, están en fase de tramitación, al menos, otros dos expedientes por falta muy grave» por hechos ocurridos con posterioridad a la aprobación del decreto de alarma, el 14 de marzo.

El Gobierno añade asimismo que «se han producido 30 quejas por actos de servicio, cuya tramitación está en curso», aunque aclara que «no tienen por qué terminar en expediente disciplinario forzosamente».

Por otro lado, «en la Dirección General de la Policía Nacional, se tiene conocimiento de cuatro investigaciones internas, que en la actualidad se encuentran en curso».

El Gobierno detalla que estas investigaciones «estarían relacionadas con actuaciones presuntamente irregulares ante supuestos casos de infracción de las normas de confinamiento por parte de ciudadanos». Añade que «no se tiene conocimiento de ningún tipo de sanción por falta leve, grave o muy grave que pudieran estar relacionada con actuaciones incorrectas de funcionarios policiales con la ciudadanía».

.- No revela los test.

 

La respuesta contrasta con la opacidad que Interior practica ante otras preguntas parlamentarias. Por ejemplo, sobre la realización de test diagnósticos de coronavirus a los agentes.

En su contestación, a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, el Ejecutivo se limita a responder que «en el ámbito de la
Dirección General de la Policía se han efectuado todos los test necesarios siguiendo las instrucciones establecidas por el Ministerio de Sanidad».

 

.- Las preguntas de Bildu al Gobierno en el Congreso sobre la Policía y la Guardia Civil son recurrentes.

 

Igualmente, señala, sin aportar datos, que «en función de los resultados de dichas pruebas, así como de la sintomatología que presentaban los afectados, se adoptaron las decisiones oportunas desde un punto de vista eminentemente sanitario, entre las que se encuentra la de guardar el debido aislamiento para evitar el contagio y propagación del virus».

El Gobierno aporta idéntica respuesta ante varias preguntas trasladadas por los ‘populares’ en relación a los test realizados a los agentes.

En otros casos, se remite a comparecencias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para eludir la pregunta, como ocurre sobre la «valoración de la deslealtad» en el cese del ex responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, el comisario José Antonio Nieto González, quien distribuyó una instrucción a los agentes sobre medidas de protección frente al Covid-19 antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma.

.- Indemnizaciones por lesiones.

 

No es la primera vez que Interior aporta a Bildu datos concretos en cuestiones relacionadas con Policía y Guardia Civil.

En febrero, aportó a la formación proetarra un cuadrante con «la lista de expedientes con resolución estimatoria sobre lesiones y fallecimientos indemnizados causados por actuaciones policiales en los últimos 10 años». Una información de valor para el partido de Arnaldo Otegi en su campaña de deslegitimación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ejecutivo respondía que, en la última década, se han abonado  363.287 euros por 26 casos de «compensaciones con motivo de las lesiones» producidas.

El partido persevera así en sus ataques contra la Policía, que tienen su máximo exponente en la ley de ‘abusos policiales’ del País Vasco y Navarra.

La Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999 fue aprobada en el Parlamento Vasco, con el voto a favor del PSE (y la abstención de Bildu), con el propósito de reparar a las personas que sufrieron abusos policiales entre esas fechas, aunque no haya existido un procedimiento judicial previo.